El régimen de R. Zapatero, definitivamente, ha desmantelado la Justicia en España.

Desde ayer, se están comentando desde diferentes sectores la sentencia del Tribunal Supremo, en su sala tercera de lo contencioso-administrativo.Si bien, no es conocido su contenido si lo son los términos de la sentencia.
El aire triunfalista del gobierno, choca frontalmente con lo que representa la sentencia en la realidad, sin embargo el aire prepotente de este atajo de plurales que componen el gobierno fundamentalista de la ceja, amparado bajo el marchamo o la marca de Gobierno de España, que por cierto,pagamos todos para publicismo y marketing zapateril, y que contrasta con la concepción de Estado a tenor de las alianzas nacionalsocialistas de estos plurales. Tiene un verdadero tufo rancio al paternalismo histórico propio de los absolutismos y de las dictaduras, esquema que parecen evocar estos plurales con gran nostalgía y que intentan emular con inconsciente denuedo.
La sentencia refrenda la dinámica habitual de los juicios de carácter administrativo, donde se suele dar la razón a la Administración, ya que en cierto modo, es juez y parte.
De otro lado afecta sólo a los intervinientes, y sólo a ellos, ya que son sólo partes la administración y los cuatro recurrentes, tres de Asturias y uno de Bollullos, quienes recurrían las sentencias previas.
Se debe de reiterar, que sólo es doctrina, y aplicable por juzgados y tribunales la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo en dos o más sentencias reiteradas, no la aislada, y siempre que se trate de supuestos concretos entre los que exista identidad de razón.
Además, se debe tener en cuenta, que una cuestión es la buena voluntad de los textos institucionales, sobre las virtudes que persigue la pretendida asignatura, y otra cuestión, son los contenidos o términos concretos en los que se realiza efectivamente, y del que que da sobrado ejemplo , algunos libros de texto, que no parecen tener ese contenido preconizado por la Administración, sino una liturgia barata y pretendidamente progre, que nada tiene que ver con la Constitución, ni los principios que la inspiran.
Sin embargo, lo que más pasma, es la interpretación de una sentencia por parte del régimen fundamentalista de la ceja, quien está pidiendo que el PP, pida perdón por opinar lo que opina un gran número de españoles. Abrogando la verdad absoluta a lo que es una sentencia, que nace con adolescencias claras de legitimidd, tras el desliz publicitario y propagandístico de la plural Cabrera en Youtube, antes de que empezaran las deliberaciones del alto Tribunal.
Pero no pasma nada, despues de ver como este gobierno ha reducido a las cenizas a la Justicia, creando de esta un eslabón más de la Administración, y aniquilando los últimos resquicios que le quedaban como poder.
La interpreteción, sedicente y vergonzosa, del fiscal general del Estado, a propósito de muchas cuestiones legales, en las que se entremezclaban, intereses políticos del clan de la ceja, llegando a cambiar su posición previa a juicio y en el juicio. No aplicando el Derecho , cuando toca, porque no les conviene partidistamente, o por oportunidad política.
Pero, lo que más pasma, es que en medio de todo un estancamiento judicial, como el que padecemos los españoles, por falta de medios personales y materiales, y una atención sólo para politizar el aspecto o dimensión político-social del mismo, nos encontremos con la creación de tipos penales como los generados por el invento del carnet por puntos y la criminalización de la conducción, o que no se tenga en cuenta la realidad social, sobre las suspensiones de pagos y los embargos ante la coyuntura de crisis.
Pero aún pasma más, que se permita el privilegio judidicial, a quienes en el ejercicio de su cargo se extralimitan objetivamente, como por ejemplo el Juez Garzón, quien gasta tiempo y dinero en confirmar la muerte de Franco, para declararse luego incompetente; o el reciente caso del tal Fernando Andreu, con un delito cometido en Palestina, del que muy posiblemente se abroga competencia sin tenerla.
Estos dislates, sólo los puede permitir un gobierno, que quiere destruir el Estado, el Estado de Derecho y la Justicia, que no la administración de Justicia, porque han hecho de los jueces auténticos funcionarios al servicio de los intereses de Ferraz y no del interés general.
¿No creen?